Los procesados por los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en la Estación 6 de PetroPerú, en Bagua, ya no contarán con abogados financiados por organizaciones no gubernamentales, debido a la implementación de la nueva Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (Ley APCI). Esta norma prohíbe a las ONG utilizar fondos de cooperación extranjera para costear la defensa legal de personas acusadas en procesos judiciales contra el Estado. La medida alcanza a los acusados por la muerte de 23 policías durante el denominado ‘Baguazo’, quienes deberán designar nuevos representantes legales.
La Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua informó que los letrados Segundo Herrera Mejía, Gery Vásquez Cucho y Juan José Quispe Capacanchari, quienes representaban a varios de los acusados, ya no podrán continuar ejerciendo la defensa debido a que eran remunerados por ONG como el Instituto de Defensa Legal (IDL). El tribunal otorgó un plazo de tres días hábiles a los procesados para que nombren nuevos abogados y, de no hacerlo, se solicitará la intervención de la Defensoría Pública de Amazonas.
El abogado penalista Humberto Abanto explicó que esta disposición responde no solo a la reciente legislación sobre financiamiento extranjero, sino también a un pronunciamiento de la Corte Suprema, que limitó el uso del control difuso por parte de jueces de instancias inferiores. Según precisó, dicha herramienta solo puede aplicarse en sentencias y no en resoluciones diversas, lo que marca un cambio en la interpretación judicial frente a normas de rango legal.
