El próximo 20 de agosto, profesores de escuelas públicas, tanto en actividad como jubilados y cesantes, marcharán hacia el Congreso de la República para exigir la aprobación en segunda votación del dictamen de ley que propone elevar sus pensiones de S/800 a S/3.300. Esta iniciativa beneficiaría a más de 162.000 docentes del país, comprendidos en los decretos leyes 19990 y 20530, así como en la Ley de Reforma Magisterial y el Sistema Privado de Pensiones. La propuesta busca equiparar las pensiones con la remuneración de los docentes de la primera escala magisterial.
El dictamen, aprobado en primera votación el pasado 5 de junio, agrupa once proyectos de ley. Sin embargo, su debate fue interrumpido tras un pedido de reconsideración presentado por el congresista César Revilla. El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), encabezado por su secretario general Lucio Castro, advierte que esta paralización afecta directamente a los docentes jubilados, cuyas pensiones oscilan actualmente entre S/400 y S/700. Por ello, anuncian la movilización como medida de presión para que se ratifique la norma en la segunda votación del Pleno.
Mientras que algunos legisladores como Flor Pablo respaldan la medida por razones de equidad y fortalecimiento de la carrera magisterial, otros, como Alejandro Cavero, alertan sobre el impacto fiscal, estimado en hasta S/4.000 millones anuales. El dictamen no cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas ni del Ministerio de Educación, aunque la Comisión de Economía asegura que los fondos provendrían de impuestos a instituciones educativas privadas y descuentos a los docentes activos. Desde el Sutep, se insiste en la urgencia de una solución que dignifique las condiciones de vida de los maestros más antiguos.
