La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que la recientemente promulgada Ley N.° 32421 introduce modificaciones sustanciales en los requisitos y procedimientos para obtener, recuperar o renunciar a la nacionalidad peruana, incorporando criterios de seguridad nacional y verificación documental con el fin de evitar fraudes. La norma, aprobada por el Congreso y oficializada por el Poder Ejecutivo, establece que se podrá denegar la nacionalidad a personas que representen amenazas para el orden interno o la integridad del país.
Entre los principales cambios, se eleva de dos a cinco años el requisito mínimo de residencia migratoria continua e inmediata para optar por la naturalización, y se exige acreditar ingresos lícitos equivalentes a 10 unidades impositivas tributarias (UIT) anuales con tributación formal. En el caso de la nacionalidad por matrimonio, se incrementa de dos a cuatro años el periodo mínimo de unión continua y residencia legal en el país. También se establecen condiciones similares para los solicitantes por doble nacionalidad y para quienes aspiren a la distinción meritoria o de deportista calificado, incluyendo residencia de dos años y solvencia económica formal.
La norma fija un plazo máximo de 18 meses, prorrogable por seis meses, para la tramitación de cada solicitud, e incorpora evaluaciones de idioma, conocimientos generales del país, antecedentes penales y documentación válida del solicitante. En cuanto a la recuperación de la nacionalidad, los trámites iniciados en el Perú serán gestionados por Migraciones, mientras que los presentados en el extranjero serán competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los procesos en curso continuarán bajo la normativa anterior, y la nueva ley entrará en vigencia tras la publicación de su reglamento, cuyo plazo de elaboración es de hasta seis meses.
