El abogado Greco Quiroz advirtió que más del 50% de la dinamita adquirida por la minería informal en el país termina desviándose hacia actividades ilegales y organizaciones criminales. Ante ello, planteó reforzar los controles de compra de estos explosivos para reducir el riesgo de que sigan siendo utilizados en extorsiones y atentados en Trujillo y otras provincias.
Quiroz explicó que en el Perú existen cinco grandes empresas importadoras de explosivos que venden a compañías formales autorizadas por Sucamec. Sin embargo, los mineros informales, con solo presentar su Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y su licencia de polvorín, acceden a estos insumos, lo que facilita que parte de la dinamita termine en manos de grupos ilegales con vínculos delictivos.
El especialista recordó su propuesta de asignar un código de serie a cada cartucho de dinamita, similar al control de municiones, para rastrear su destino. También señaló la necesidad de fortalecer a Sucamec, dotándola de mayor capacidad técnica y coordinación con la Dirección de Fiscalización Minera y las autoridades regionales, a fin de evitar que se autoricen compras de explosivos por encima de lo requerido para las operaciones mineras.
