Entre abril de 2024 y agosto de 2025, el Ministerio de Educación apartó a 1,126 trabajadores con procesos o condenas judiciales por delitos graves. Del total, 967 eran docentes y 159 administrativos, de los cuales 170 fueron retirados de manera definitiva y 956 de forma preventiva, en aplicación de la Ley 29988 que regula la permanencia de personal implicado en delitos como terrorismo, violación sexual, homicidio y feminicidio.
De acuerdo con los registros, 958 de los separados enfrentan procesos o condenas por delitos contra la libertad sexual, 84 por terrorismo o apología del terrorismo, 22 por tráfico ilícito de drogas y 20 por homicidio y feminicidio. Además, se incluyen 12 docentes investigados por acoso a menores a través de medios tecnológicos, dos por feminicidio y un administrativo procesado por parricidio. Estas acciones buscan garantizar entornos seguros para la comunidad escolar.
De manera paralela, el sector promueve redes de protección comunal en 18 residencias estudiantiles de la provincia de Condorcanqui, Amazonas, con el acompañamiento de psicólogos, abogados y docentes. Asimismo, se destinaron 3.3 millones de soles en mejoras de infraestructura en 13 residencias y 6.7 millones en seis locales educativos que benefician a 1,453 estudiantes de las comunidades awajún y wampis.
