El juicio por el Caso Saweto, en el que se juzga a cuatro madereros ilegales por el asesinato de líderes ashéninkas en 2014, ha entrado en su etapa final en la Corte Superior de Justicia de Ucayali. La defensa de las viudas de Edwin Chota, Leoncio Quintísima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo ha solicitado que la sentencia dictada en primera instancia —de 28 años y tres meses de prisión— se eleve a 35 años, al considerar agravantes vinculadas a la condición de autoridades comunales de las víctimas. También se ha pedido un incremento en el monto de la reparación civil por los impactos individuales y colectivos sufridos por la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto.
Durante las audiencias de apelación, las viudas han denunciado hostigamientos y amenazas, presuntamente relacionadas con su rol en el proceso judicial. Rocío Trujillo, abogada de Aidesep, remarcó que los sentenciados aún representan un riesgo, y sostuvo que el asesinato de los líderes respondió a su defensa del territorio frente a actividades ilegales. Testimonios como el de Julia Pérez, viuda de Chota, revelan el temor persistente y el abandono que vivieron tras los crímenes. Además, se ha reportado que uno de los condenados habría intentado acercarse a una de las mujeres en circunstancias que generan preocupación.
El tribunal escuchará próximamente los alegatos de la defensa de los sentenciados y sus declaraciones finales. De acuerdo con los testimonios, los acusados interceptaron y asesinaron a las víctimas tras reiteradas amenazas. El proceso también incluye a un ciudadano brasileño aún prófugo. La sentencia definitiva deberá emitirse en un plazo máximo de diez días luego de la última audiencia, prevista para los meses de julio y agosto. El fallo podría constituir un precedente en la protección jurídica de líderes indígenas frente a crímenes vinculados a economías ilegales.
