El congresista Juan Burgos presentó un proyecto de ley que busca impedir que la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, ministerios del Poder Ejecutivo y el Congreso adquieran vehículos de alta gama cuyo costo supere las 15 UIT o que cuenten con características suntuarias. La iniciativa surge luego de críticas por la reciente compra de camionetas y automóviles de lujo destinados a altos mandos policiales, y busca garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
El proyecto establece excepciones para vehículos blindados de dignatarios y unidades técnicas especiales, siempre con autorización del Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República, que fiscalizará las adquisiciones en tiempo real. Las compras contrarias a la norma serían nulas y los responsables podrían afrontar sanciones administrativas, civiles y penales, con vigencia inmediata tras su publicación oficial y un plazo de 60 días para su reglamentación.
La propuesta se presenta en un contexto de cuestionamiento por la compra de 168 vehículos por S/17.3 millones, incluyendo ocho Audi para oficiales de alto rango y 160 vehículos más, mientras muchas comisarías del país carecen de patrulleros y equipamiento básico. Especialistas y exautoridades señalaron que los altos mandos tienen derecho a vehículos oficiales, pero no a medios de lujo, y la Contraloría inició una investigación sobre posibles irregularidades en el proceso.
