El Ministerio Público inició una investigación para determinar quién autorizó al expresidente Martín Vizcarra realizar una llamada telefónica a una emisora radial mientras cumplía reclusión en el penal de Barbadillo. La disposición, emitida por el Equipo Especial Lava Jato, solicitó al jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, informar en un plazo de 24 horas la identidad del funcionario que permitió la comunicación efectuada el pasado 22 de agosto.
La Fiscalía también requirió precisar los horarios de visita y el número de llamadas autorizadas para Vizcarra, recordando que la normativa penitenciaria solo permite contacto con familiares y allegados bajo las medidas de seguridad establecidas. El documento remitido advierte que las comunicaciones de los internos no pueden ser utilizadas con fines políticos ni proselitistas, al formar parte del régimen de tratamiento penitenciario.
En caso no exista constancia oficial de autorización, el Ministerio Público exigió al INPE explicar cómo el exmandatario accedió a un teléfono. Además, solicitó la entrega del reporte elaborado por el personal penitenciario que interrumpió la comunicación.
