El fiscal supremo Tomás Gálvez denunció a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, por presuntos delitos de acoso, abuso de autoridad, prevaricato y omisión de actos de función, luego de acusarla de emplear a personal de confianza para realizarle seguimiento desde abril, cuando el Tribunal Constitucional ordenó su reposición. El caso fue ingresado al Congreso de la República, donde se detalla que Espinoza habría recurrido a medidas arbitrarias en su contra.
En la denuncia, Gálvez señala que fue vigilado en distintos lugares, entre ellos su oficina y un restaurante, donde identificó a trabajadores del Ministerio Público. Añade que tras detectar el seguimiento, se elaboró un informe de la Gerencia de Integridad Institucional dirigido a Espinoza. El Ministerio Público, en respuesta, emitió un comunicado negando realizar prácticas de reglaje o marcaje a funcionarios, al considerar que ello constituye un delito.
A esta acusación se suma otra presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien a través de su abogado denunció a Espinoza por trato “humillante, discriminatorio y denigrante”, solicitando diez años de inhabilitación en su contra. Benavides también cuestiona la forma en que se dispuso el despacho fiscal asignado a su caso. Espinoza, por su parte, ya enfrenta otras denuncias constitucionales y procesos en la Junta Nacional de Justicia.
