Un conflicto por la operación de buses hacia la ciudadela de Machu Picchu derivó en violentos enfrentamientos entre la Policía Nacional y pobladores, dejando al menos 15 heridos y cientos de visitantes varados. Las protestas se intensificaron luego de que la empresa Consettur continuara prestando el servicio pese a que su concesión concluyó el 4 de septiembre. Manifestantes denunciaron represión policial con bombas lacrimógenas y golpes, mientras acusaban a las autoridades de favorecer a la compañía que monopolizó la ruta por más de tres décadas.
La Municipalidad de Urubamba otorgó de manera temporal la operación a la empresa San Antonio de Torontoy, pero la falta de traslado de sus 18 buses y actos de sabotaje complicaron el inicio del servicio. Dirigentes locales, como Darwin Baca, acusan a la empresa ferroviaria Perurail de retrasar el traslado de las unidades, favoreciendo así a Consettur. Paralelamente, Fiscalía y Contraloría investigan presuntos conflictos de interés en la concesión, mientras que el alcalde de Machupicchu, Elvis La Torre, enfrenta críticas por sus vínculos con el consorcio saliente.
La crisis, que ocasiona pérdidas estimadas en un millón de soles diarios al sector turístico, obligó a evacuar turistas en trenes humanitarios. Organizaciones empresariales han pedido declarar Machu Picchu “activo crítico nacional” y crear una autoridad autónoma para su gestión. Sin embargo, el conflicto ha escalado a nivel internacional: la organización New7Wonders advirtió sobre el riesgo de que el santuario pierda su título de maravilla del mundo, mientras persisten los cuestionamientos por la deficiente gestión, el alza de costos para los visitantes y el riesgo de deterioro del patrimonio arqueológico por el incremento del aforo.
