El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE) han iniciado investigaciones por al menos una decena de posibles infracciones al principio de neutralidad electoral cometidas por autoridades públicas. Entre los casos más recientes figuran el del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el presidente de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, quienes habrían realizado actividades proselitistas o difundido propaganda que favorece a sus partidos a pocos meses de las Elecciones Generales 2026. Las infracciones fueron detectadas en distintas regiones del país, incluyendo Piura, Tumbes y Huancayo.
Según la normativa electoral, los funcionarios públicos no pueden realizar acciones que beneficien o perjudiquen a partidos políticos durante el proceso electoral. El procedimiento establece que la Dirección Nacional de Fiscalización del JNE promueve informes de oficio o recibe denuncias ciudadanas, que luego son derivadas a los JEE para evaluar posibles sanciones, las cuales incluyen amonestación pública, multas o el retiro de propaganda. Las resoluciones pueden ser apeladas, y en caso de confirmarse la infracción, deben cumplirse en un plazo de diez días calendario.
Expertos en derecho electoral recuerdan que, aunque el JNE tiene competencias administrativas, la Fiscalía cuenta con facultades penales y puede iniciar procesos que incluyan inhabilitación de las autoridades implicadas. El abogado José Tello señaló que la normativa permite actuaciones rápidas del Ministerio Público para inhabilitar a funcionarios que vulneren la neutralidad, mientras que Jorge Jáuregui subrayó que el principio de neutralidad es constitucional y que cualquier uso de cargos públicos para proyectar la imagen personal o de obras estatales puede constituir una infracción.
