La defensora ambiental asháninka Jessica Gladys Díaz Borges denunció haber sido víctima de secuestro y tortura tras denunciar públicamente la contaminación provocada por la minería ilegal en la comunidad nativa de Paucarsito, en Puerto Inca, región Huánuco. Según su testimonio, los ataques fueron perpetrados por personas vinculadas a la actividad minera informal, luego de que ella señalara la presencia de desechos tóxicos en los ríos utilizados para el consumo, la pesca y la agricultura. “Casi me matan”, relató la mujer, quien pidió protección y justicia ante las continuas amenazas.
Cuatro años después de los hechos, la investigación continúa en medio de denuncias por presunto encubrimiento y conflictos de intereses dentro del Ministerio Público. La abogada de Díaz, Iraya Quevedo, afirmó que el fiscal encargado del caso solicitó el sobreseimiento de la mayoría de los implicados, pese a existir pruebas de la agresión. La defensora presentó una queja ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público para solicitar la nulidad del proceso. En tanto, el fiscal a cargo negó cualquier irregularidad en la investigación y aseguró que su actuación es transparente.
La activista, quien actualmente se encuentra en Lima para reunirse con el Ministerio de Justicia, sostiene que las amenazas en su contra persisten y que los responsables continúan cerca de su comunidad. “Duermo escondida, tengo miedo. Los que me secuestraron siguen viviendo cerca de mi casa”, expresó. En paralelo, Díaz enfrenta denuncias infundadas de minería ilegal y presiones para abandonar sus tierras. “Yo no vivo de la minería, vivo de mis plantas y mis animales”, afirmó. Su caso refleja la situación de vulnerabilidad que enfrentan los defensores ambientales en la Amazonía peruana, donde las actividades ilegales avanzan sobre territorios comunales con escasa presencia del Estado.
