El incremento de la criminalidad y las extorsiones ha puesto en grave riesgo la estabilidad del sistema microfinanciero peruano. Según la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepmac), más de 250 agencias podrían cerrar en los próximos meses debido a amenazas, atentados y cobros de cupos, principalmente en zonas de alta incidencia delictiva como Lima Norte, Piura, La Libertad e Ica. La entidad advirtió que, de mantenerse esta situación, las colocaciones de crédito podrían caer hasta en S/10.000 millones el próximo año, afectando a medio millón de emprendedores que quedarían fuera del sistema financiero formal.
Jorge Solís Espinoza, presidente de la Fepmac, señaló que los analistas de crédito están siendo víctimas de extorsión y deben pagar “salvoconductos” para poder realizar su trabajo. Ante este panorama, las microfinancieras han invertido más de S/600 millones en reforzar la seguridad de sus agencias mediante la instalación de cámaras, contratación de personal de vigilancia y protección en cajeros automáticos. El gremio alertó además sobre el crecimiento de una “banca paralela” sustentada en los préstamos informales tipo gota a gota, que ya movilizan más de S/4.000 millones y podrían superar los S/6.000 millones para 2026.
Para frenar el impacto de la delincuencia, la Fepmac planteó la creación de un programa estatal de garantías para créditos en zonas de alto riesgo, con un fondo estimado en S/5.000 millones. La propuesta busca que el Estado asuma parte de las pérdidas cuando los prestatarios no puedan pagar por causas relacionadas con la inseguridad, como cierres forzados o extorsiones. Además, el gremio solicitó la tipificación de la extorsión como delito grave y la coordinación entre el MEF, la SBS, la PNP y los gobiernos locales para evitar el retroceso de la inclusión financiera, que podría retrasarse hasta cinco años si no se adoptan medidas urgentes.
