El presidente interino José Jerí decidió mantener por 30 días adicionales el plan nacional de seguridad ciudadana aprobado en 2019 durante el gobierno de Martín Vizcarra, pese a que su vigencia concluyó en 2023. La medida, que buscaba extender temporalmente la estrategia mientras se diseña una nueva, ha sido cuestionada por especialistas debido al aumento de homicidios y extorsiones registrado en el último mes. Durante este periodo, se reportaron 180 muertes violentas y múltiples casos de cobro de cupos en sectores comerciales, educativos y de transporte.
El exgeneral de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, explicó que el país no cuenta con un plan actualizado desde 2023 y que la falta de estrategias claras contribuye al crecimiento de la delincuencia. “En 2019 hicieron un plan hasta 2023, pero en 2024 y este año no hubo planes de seguridad, por eso aumenta la delincuencia”, señaló. A pesar de ello, Jerí optó por mantener la misma línea de acción, incluyendo la aplicación del estado de emergencia, medida que según el exoficial no ha logrado reducir los índices delictivos.
Consultado sobre esta decisión, el presidente interino reconoció que el plan vigente “es de escritorio y lejano a la realidad”, y anunció que evaluará su derogación. El exministro del Interior Wilfredo Pedraza indicó que un plan de seguridad “solo es útil si cuenta con metas alcanzables, presupuesto y ejecución”, y precisó que la carencia de recursos y voluntad política ha limitado su implementación. Ambos coincidieron en que el país requiere una estrategia renovada y operativa que permita enfrentar de manera sostenida la inseguridad ciudadana.
