Un estudio del Centro Wiñaq, elaborado con datos de Datum Internacional, reveló que la mayoría de peruanos percibe la minería ilegal como una actividad estrechamente vinculada al crimen organizado, la corrupción política y la destrucción ambiental. Más del 70 % de los encuestados considera que esta práctica afecta la seguridad, la salud pública y el medio ambiente, mientras que un 51 % respalda establecer un último plazo definitivo para la formalización minera a través del Reinfo, y un 34 % exige su cierre inmediato.
El informe señala que esta percepción es compartida en regiones como Puno, Madre de Dios, Cajamarca y La Libertad, donde los ciudadanos asocian la minería ilegal con pérdida de control estatal y expansión del crimen. Sin embargo, el Congreso ha presentado nuevos proyectos de ley para extender el Reinfo hasta 2029, decisión que, según Wiñaq, tiene un alto costo político: más del 70 % de los peruanos cree que los legisladores que apoyan dichas iniciativas están vinculados a intereses corruptos o informales.
La congresista Diana Gonzales se mostró en contra de la prórroga del Reinfo, criticando la falta de acción del Ejecutivo y de los ministerios del Ambiente y Agricultura. “No es apoyar la economía popular, es perpetuar la ilegalidad”, declaró. El estudio concluye que mantener vigente el Reinfo equivale a legitimar un modelo extractivo sin control, que evade impuestos, corrompe autoridades y degrada el medio ambiente en regiones afectadas por esta problemática.
