Tras la sanción administrativa impuesta por Indecopi a 13 laboratorios y distribuidoras por concertar licitaciones estatales durante 14 años, Ministerio de Salud (Minsa) demandó una indemnización al Estado y solicitó que se inicie un proceso penal contra los implicados.
Según lo indicado por Minsa, la manipulación de licitaciones habría comprometido el abastecimiento de medicamentos esenciales —como antibióticos, tratamientos oncológicos y suplementos contra la anemia— en hospitales públicos a lo largo de los años 2006 a 2020. Para solicitar una sanción penal, la institución invoca la resolución de Indecopi como prueba adicional.
Los expertos alertan que, debido a la complejidad del caso —que incluye decenas de procesos de compra pública, investigación de comunicaciones internas y posibles apelaciones de las empresas—, el juicio penal podría extenderse hasta diez años.
