La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó a la Defensoría del Pueblo que intervenga para garantizar sus derechos fundamentales tras la aprobación de un informe del Congreso del Perú que recomienda su inhabilitación por 10 años. Según el documento, enviado al defensor, el proceso vulnera principios como el debido proceso, la defensa legal y la imparcialidad, pues argumenta que otros fiscales involucrados en los mismos hechos no fueron incluidos en la acusación.
Espinoza afirma que la aprobación del informe que la acusa —denominado Denuncia Constitucional 528— fue irregular, dado que inicialmente todos los fiscales supremos estaban comprendidos en la investigación, pero finalmente solo ella fue procesada. Para ella, esto representa un trato desigual.
Asimismo, la exfiscal señala que fue citada al pleno del Congreso para el 3 de diciembre, fecha en la que se debatirá su caso. Rechazó las acusaciones penales, asegurando que no participó directa ni indirectamente en los hechos imputados; también cuestionó la atribución de delitos como falsedad genérica, que —según su versión— carecen de sustento y configuran una conducta atípica.
