Ante el cierre del año escolar, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) advirtió sobre las consecuencias penales para quienes, ejerciendo el rol de tesorero escolar, se apropien del dinero recaudado por padres de familia y estudiantes para actividades de promoción, como viajes, ceremonias de graduación u otros eventos. La entidad recordó que estos fondos son entregados con un fin específico y su uso indebido constituye un delito.
Durante el programa Consultorio Legal, la defensora pública de víctimas, Sheila Saboya, explicó que estas conductas se enmarcan en el delito de apropiación ilícita, contemplado en el artículo 190 del Código Penal. Precisó que la pena puede ser de dos a cuatro años de prisión, además de la obligación de devolver el dinero. Indicó también que no es necesario un contrato formal para que se configure el delito, sino que basta demostrar que el dinero fue confiado para un propósito determinado y no fue utilizado conforme a ello.
La especialista exhortó a los padres y estudiantes a denunciar de inmediato estos hechos y a tomar medidas preventivas, como exigir rendiciones de cuentas, conservar comprobantes y formalizar acuerdos. El MINJUSDH enfatizó que la confianza otorgada a un tesorero escolar implica una responsabilidad legal y que la vigilancia activa de la comunidad educativa es clave para proteger los recursos destinados a las celebraciones de fin de año.
