En mayo de 2005, la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a Patricia Li a cuatro años de prisión suspendida por el delito de peculado. La sentencia determinó que, durante su gestión como alcaldesa de Punta Negra, utilizó recursos municipales en beneficio propio y de terceros.
Posteriormente, en octubre de 2012, el Jurado Nacional de Elecciones dispuso su inhabilitación política tras confirmarse sus antecedentes judiciales, lo que le impidió participar en procesos electorales durante ese periodo. Entre los años 2014 y 2015, su nombre apareció vinculado al denominado caso Balarezo, relacionado con un esquema de defraudación tributaria mediante el uso de facturas falsas. En ese proceso, Patricia Li fue señalada judicialmente como parte de una red de empresas proveedoras utilizadas para evadir impuestos.
En noviembre de 2017, fue detenida por la División de Requisitorias de la Policía Nacional al registrar órdenes de captura vigentes vinculadas a procesos por corrupción de funcionarios y peculado. Más recientemente, entre 2023 y 2024, investigaciones fiscales la mencionan como presunta operadora política en el caso conocido como “Los Operadores de la Reconstrucción”, donde se indaga un supuesto direccionamiento de obras públicas y su influencia en espacios políticos, incluyendo menciones a la bancada de Somos Perú. En este contexto, se ha difundido públicamente que el congresista José Jerí la llamaría “mamá”.
