La provincia de Pataz inició el 2026 marcada por la violencia tras la muerte de tres personas en una bocamina vinculada a la minera Poderosa, hecho ocurrido en la madrugada del 31 de diciembre. El caso generó una reacción inmediata del alcalde provincial, Aldo Carlos Mariños, quien expresó su preocupación por la situación de inseguridad que persiste en la zona, pese a las medidas de estado de emergencia y toque de queda vigentes desde 2024.
El burgomaestre cuestionó la actuación de la empresa minera al señalar que el crimen no fue informado de manera oportuna a las autoridades. En declaraciones a la prensa, Mariños preguntó por qué el hecho, ocurrido en horas de la madrugada, recién fue comunicado públicamente por la noche del mismo día, y en qué momento se dio aviso formal al Ministerio Público, sugiriendo posibles retrasos en la activación de los protocolos legales correspondientes.
Asimismo, el alcalde denunció la demora en la intervención de las autoridades de justicia, al indicar que el Ministerio Público tardó más de 24 horas en llegar al lugar y que los cuerpos permanecieron en la zona hasta el mediodía del 1 de enero. Para la autoridad local, este escenario evidencia la ineficacia del estado de emergencia, ya que, pese a una inversión de 55 millones de soles y el despliegue de más de mil efectivos policiales, Pataz cerró el 2025 con 52 asesinatos, mientras la población continúa exigiendo acciones concretas del Gobierno Central.
