El Gobierno aprobó un Decreto Legislativo que faculta a la Policía Nacional del Perú (PNP) a revisar de manera inmediata equipos informáticos, como celulares y laptops, cuando exista flagrancia en delitos de extorsión, sicariato, secuestro o durante intervenciones en establecimientos penitenciarios. La norma incorpora el artículo 230-A al Código Procesal Penal y establece que el acceso a estos dispositivos se realizará con autorización previa del Ministerio Público, con el objetivo de evitar la eliminación o encriptación remota de evidencia digital relevante para las investigaciones.
La medida, impulsada por el Ministerio de Justicia y aprobada el pasado 16 de enero, dispone que, una vez culminada la diligencia, el fiscal solicite la confirmación judicial correspondiente, garantizando el respeto al debido proceso. De esta manera, se busca equilibrar la celeridad en la obtención de pruebas con el control legal posterior de las actuaciones policiales.
Antes de esta modificación normativa, la revisión de dispositivos electrónicos requería exclusivamente una orden judicial, lo que generaba demoras en investigaciones urgentes y facilitaba la pérdida de información clave. Con esta disposición, el Ejecutivo fortalece las acciones contra el crimen organizado y amplía el control sobre el uso ilegal de tecnología, especialmente en contextos vinculados a delitos graves que afectan la seguridad ciudadana.
