martes, octubre 27, 2026
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CANDIDATA YUVIKZA MORALES PLANTEA REFORMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA POLICIAL

La aspirante al Congreso por el Partido Regional de Integración Nacional (PRIN), Yuvikza Morales Díaz, presentó un plan legislativo enfocado en el combate frontal contra la extorsión y el crimen organizado. Su propuesta se fundamenta en la modernización tecnológica de la Policía Nacional del Perú y la implementación de una política de tolerancia cero ante la corrupción institucional. Morales Díaz subrayó que su gestión buscará garantizar un respaldo legal efectivo para los efectivos policiales que enfrenten a las bandas criminales, asegurando que el fortalecimiento del sistema de inteligencia sea el eje central para desarticular las estructuras delictivas que afectan la paz social del país.

El planteamiento de la candidata también contempla una estrategia de prevención del delito basada en la articulación entre las fuerzas del orden, las juntas vecinales y los gobiernos locales. Según Morales Díaz, es imperativo recuperar los espacios públicos y rehabilitar zonas comunes para reducir los focos de inseguridad en los barrios. Asimismo, la propuesta incluye una reforma del sistema penitenciario con el objetivo de clausurar las operaciones delictivas que se dirigen desde las cárceles. Para lograrlo, la representante del PRIN sostiene que es necesaria una coordinación permanente entre los distintos niveles del Estado para ejecutar políticas que no sean temporales, sino sostenibles en el tiempo.

Al reafirmar su compromiso con la ciudadanía, la candidata enfatizó que la seguridad debe ser elevada al rango de política de Estado, bajo la premisa de que los peruanos tienen derecho a transitar sin miedo. «Los peruanos merecemos salir sin miedo y retornar a casa con tranquilidad. La seguridad no puede seguir siendo una promesa, debe convertirse en una política de Estado», declaró textualmente Morales Díaz. El plan legislativo concluye con el compromiso de trabajar con firmeza y cercanía a la población, priorizando la creación de un sistema de justicia oportuno que aplique sanciones severas a quienes vulneren la tranquilidad de las familias peruanas.

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