La expansión de la minería ilegal en el norte del país ha intensificado los conflictos por el control del oro, especialmente en la provincia de Pataz, donde organizaciones criminales armadas disputan territorios a empresas formales mediante acciones violentas dentro de socavones mineros. En 2025, el hallazgo de trece trabajadores de seguridad asesinados evidenció la magnitud del problema y motivó la declaración de estado de emergencia, así como la suspensión temporal de actividades mineras en la zona. Especialistas señalan que estas redes han consolidado control sobre galerías subterráneas, imponiendo cobros ilegales y operando con armamento de alto calibre.
Informes técnicos advierten que el fenómeno supera las disputas económicas tradicionales y responde a estructuras criminales que capturan territorios y cadenas productivas vinculadas a la extracción aurífera. Según datos difundidos por la organización CooperAcción, más de 33 mil volquetes con mineral aurífero habrían salido de la región La Libertad sin control estatal en los últimos años, mientras decenas de plantas procesadoras operarían sin supervisión efectiva. Autoridades locales sostienen que, pese al despliegue policial y militar, no se ha logrado recuperar plenamente el control en las zonas afectadas.
La problemática también se extiende a regiones como Cajamarca y Puno, donde informes regionales advierten presunta complicidad de efectivos policiales en operaciones ilegales y un creciente impacto ambiental asociado a la deforestación y contaminación de cuencas hídricas. Especialistas indican que la minería ilegal ha evolucionado hacia un sistema de control territorial con capacidad de generar violencia, afectar ecosistemas y debilitar la institucionalidad estatal, consolidando una economía ilícita que continúa expandiéndose en distintas zonas del país.
