El asalto ocurrido el 24 de febrero en la región de Cusco, donde delincuentes armados sustrajeron más de 50 millones de soles entre dinero en efectivo y 76 kilos de oro, volvió a evidenciar la magnitud económica del circuito de la minería informal e ilegal en el Perú. Según estimaciones de organismos del Estado y estudios de seguridad, esta actividad podría movilizar entre 3.000 y 5.000 millones de dólares anuales, principalmente vinculados a la comercialización del oro.
Aunque el caso ocurrió en Cusco, el mismo fenómeno se observa en la región La Libertad, donde la minería aurífera tiene una fuerte presencia, especialmente en provincias como Pataz, Sánchez Carrión y Bolívar. En estas zonas se han detectado actividades como transporte de oro sin trazabilidad, compra de mineral en efectivo, redes de acopio y comercialización, así como la participación de organizaciones criminales que buscan controlar la extracción y el traslado del metal.
Las autoridades han advertido que en provincias como Pataz existe desde hace varios años una crisis de seguridad vinculada al control de socavones, plantas de procesamiento y rutas del oro. Bandas armadas disputan el dominio de estos espacios estratégicos, lo que incrementa los riesgos para trabajadores, empresarios y transportistas que operan en la cadena productiva.
De acuerdo con un estudio elaborado por el Ministerio del Interior del Perú en 2024, la cadena de valor de la minería ilegal inicia con la extracción en campamentos mineros, donde los trabajadores reciben pequeñas cantidades de oro como pago. Posteriormente, el mineral es vendido a compradores locales en las zonas mineras, quienes lo acopian para luego comercializarlo a mayor escala mediante intermediarios.



