Las regiones del norte y centro del país, como La Libertad, Cajamarca e Ica, concentran actualmente los principales focos de violencia vinculados a economías ilegales, según el último reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia. De los 1,826 homicidios registrados en 2025, la mayoría se cometió con armas de fuego en contextos de sicariato y extorsión, y el 59 % de estos crímenes fuera de Lima y Callao se concentra en apenas 50 distritos. Entre los casos más representativos figuran Pataz con 35 homicidios, Piura con 44, Tumbes con 33 y Pisco con 17, evidenciando la relación entre violencia y actividades ilícitas.
En la provincia de Pataz, en La Libertad, la minería ilegal ha generado un escenario de disputa armada por socavones, rutas y zonas de extracción, donde bandas organizadas imponen extorsiones a mineros, transportistas y comerciantes como mecanismo de control territorial. En Cajamarca, especialmente en San Ignacio, el avance de esta actividad ilícita ha comenzado a desplazar economías tradicionales como el café, incorporando cobro de cupos, amenazas y presencia de redes criminales. Aunque los homicidios no alcanzan los niveles de la costa norte, el crecimiento de la extorsión y la aparición de actores armados evidencian una tendencia en expansión.
En Ica, la violencia se vincula a la coexistencia entre agroexportación y minería informal en zonas incluso arqueológicas, lo que genera conflictos y facilita la extorsión. Este delito, junto con el “gota a gota” y el cobro de cupos, ha dejado de concentrarse en Lima y se ha extendido hacia regiones donde las economías ilegales demandan financiamiento y control armado. Especialistas advierten que la violencia no solo responde a la falta de acción policial o judicial, sino al flujo constante de dinero proveniente de actividades ilícitas, lo que permite al crimen organizado sostenerse y expandirse en distintos territorios del país.
