La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió archivar dos denuncias constitucionales contra la expresidenta Dina Boluarte, en una sesión realizada de manera virtual el 28 de abril. La medida fue aprobada tras evaluar los informes de calificación que concluyeron que los hechos denunciados no cumplían con los requisitos legales para continuar con una investigación.
Una de las denuncias había sido presentada por la congresista Ruth Luque e incluía también al expremier Gustavo Adrianzén y al exministro del Interior Juan José Santiváñez. Esta acusación cuestionaba decisiones del Ejecutivo relacionadas con una ley sobre detención preliminar y normas contra el crimen organizado, señalando un supuesto beneficio a personas cercanas al gobierno. Sin embargo, la subcomisión determinó que dichas acciones fueron realizadas dentro de las atribuciones constitucionales de la entonces mandataria.
Asimismo, se archivó una segunda denuncia presentada por asociaciones de pescadores artesanales del Callao, que acusaban al gobierno de haber emitido un decreto de urgencia para desalojar trabajadores sin garantías. En este caso, el grupo parlamentario concluyó que no tenía competencia para evaluar la constitucionalidad de ese tipo de normas.
La decisión también alcanzó denuncias impulsadas por los congresistas Juan Burgos y Edwin Martínez, quienes acusaban a Boluarte de presuntas infracciones constitucionales y delitos de corrupción. Estas fueron desestimadas por la subcomisión, lo que ha generado cuestionamientos y críticas por un presunto “blindaje político” dentro del Parlamento.
