Jhuliana Carbonel Carbonel, detenida por presuntamente integrar la red criminal “Los Pulpos de La Victoria”, también figura como precandidata a teniente alcaldesa del distrito de La Victoria por Juntos por el Perú, partido liderado por el candidato presidencial Roberto Sánchez.
Según el listado oficial de elecciones primarias para los comicios regionales y municipales de 2026, Carbonel fue inscrita como precandidata a regidora número 1 dentro de una lista única presentada por la agrupación política.
La militante de Juntos por el Perú también participó recientemente como candidata a la Cámara de Diputados, aunque obtuvo solo 485 votos preferenciales y quedó lejos de alcanzar una curul en el nuevo Congreso bicameral.
De acuerdo con la investigación fiscal, Carbonel —alias “Jhuly”— sería lugarteniente de máxima confianza de Juan Manuel Núñez Castro, alias “Pulpo”, presunto cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos de La Victoria”, dedicada al cobro de cupos extorsivos en Gamarra.
La resolución judicial que ordenó la detención preliminar de 14 presuntos integrantes de la red señala que Carbonel habría dirigido el cobro de extorsiones en los sectores conocidos como Dameros A y B de Gamarra.
Según el Ministerio Público, la organización criminal habría obtenido ganancias ilícitas superiores a S/63 millones entre 2023 y 2025 mediante cobros ilegales a comerciantes ambulantes y vendedores informales.
Asimismo, un peritaje contable detectó ingresos no justificados por más de S/537 mil a nombre de Carbonel, dinero que sería producto de actividades ilícitas vinculadas a extorsión.
La investigación de la DIVIAC también identificó el uso de billeteras digitales como Yape y Plin para centralizar el dinero obtenido mediante el cobro de cupos.
Tras conocerse el caso, la congresista Margot Palacios pidió la expulsión inmediata de Carbonel de Juntos por el Perú y afirmó que “no hubo filtro” dentro del partido.
Sin embargo, el secretario general de la agrupación, Ernesto Zunini, señaló que el caso fue derivado al comité de ética para evaluar una suspensión temporal, remarcando que la investigada mantiene su derecho a la presunción de inocencia.
Por su parte, Roberto Sánchez declaró que se deben realizar las investigaciones correspondientes respetando el debido proceso y evitó emitir una condena anticipada
