Diversos gremios de micro y pequeñas empresas (MYPE) del país solicitaron al Congreso de la República priorizar una agenda legislativa urgente para enfrentar la crisis económica, la inseguridad ciudadana y los problemas financieros que afectan a miles de pequeños negocios a nivel nacional.
A través de un comunicado conjunto, representantes de distintos sectores productivos y de servicios señalaron que las MYPE continúan atravesando una situación crítica desde la pandemia, agravada por el incremento de las extorsiones, el crimen organizado y el exceso de regulaciones que afectan el desarrollo de sus actividades.
“Desde la pandemia, los pequeños negocios del país estamos atravesando una crisis económica constante, que se ha endurecido por la alta inseguridad ciudadana que nos golpea a todos, y por un exceso de regulaciones a todo nivel”, indicaron los gremios empresariales en el pronunciamiento.
Actualmente, las MYPE representan el 99,2% de las empresas formales del Perú. Según cifras del 2025, existen aproximadamente 2 millones 460 mil empresas formales en el país, de las cuales más de 2 millones 441 mil corresponden a micro y pequeñas empresas. Además, este sector aporta alrededor del 20,6% del Producto Bruto Interno (PBI) y concentra cerca del 45% de la masa laboral peruana.
La mayor parte de estas empresas se encuentra en los sectores comercio y servicios, que reúnen el 85,5% del total. El rubro comercio representa el 44,1%, mientras que servicios concentra el 41,4%. También participan sectores como manufactura, construcción, agropecuario, minería y pesca.
Los gremios cuestionaron además la respuesta del Poder Ejecutivo frente a esta problemática y afirmaron que las medidas implementadas hasta ahora no han sido suficientes para frenar el deterioro económico y la inseguridad que afecta diariamente a los pequeños emprendedores.
Entre los proyectos de ley que solicitan priorizar figura el PL 11366, enfocado en establecer medidas de protección frente a la extorsión y el crimen organizado. Según indicaron, la inseguridad afecta directamente las actividades comerciales y pone en riesgo la continuidad de miles de negocios.
Asimismo, respaldaron los proyectos PL 13411 y PL 13559, relacionados con un fraccionamiento especial de deudas tributarias, con el objetivo de brindar alivio financiero a las pequeñas empresas que aún arrastran problemas económicos acumulados en los últimos años.
También solicitaron aprobar el PL 536, que busca devolver al Congreso la facultad de legislar sobre el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), argumentando que ello permitiría generar mayor predictibilidad económica y reaccionar ante eventuales crisis vinculadas al precio de combustibles.
Otro de los pedidos incluidos en el comunicado es la aprobación por insistencia del PL 7065, referido al Régimen de Elaboración, Manufactura o Maquila y de Almacenamiento (REMA), mecanismo que permitiría a empresas peruanas recibir temporalmente mercancías del exterior para procesos productivos.
Finalmente, los gremios exigieron la derogatoria del Decreto Legislativo 1669 y solicitaron una ley que garantice el pago de obligaciones pendientes del Estado con proveedores, señalando que muchas pequeñas empresas continúan esperando pagos atrasados que afectan seriamente su liquidez.
