La Tercera Sala Constitucional de Lima declaró fundada en parte la demanda presentada por la exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, y dejó sin efecto la resolución del Congreso que la inhabilitó por 10 años para ejercer función pública.
La sentencia también declaró inaplicable la resolución legislativa mediante la cual se le levantó el antejuicio político para ser procesada por presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad, falsedad genérica y usurpación de funciones.
El Poder Judicial consideró que el Congreso vulneró el debido proceso parlamentario y el derecho a la igualdad, al señalar que Delia Espinoza fue la única fiscal suprema sancionada pese a que otros magistrados involucrados en el mismo caso no fueron acusados ni inhabilitados.
Asimismo, los jueces cuestionaron que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no explicara adecuadamente cómo la aprobación de un reglamento interno del Ministerio Público podía constituir una infracción constitucional o delito.
Como parte de la decisión judicial, la Sala ordenó la reincorporación de Delia Espinoza como fiscal suprema titular del Ministerio Público, siempre que no exista otra resolución administrativa o judicial que lo impida. Sin embargo, actualmente ello no sería posible debido a la destitución e inhabilitación posterior impuesta por la Junta Nacional de Justicia y el Congreso.
Cabe precisar que la sentencia fue aprobada por mayoría, ya que uno de los magistrados votó por declarar improcedente la demanda al considerar que el Parlamento actuó dentro de sus competencias.
