La Comisión Permanente del Congreso archivó definitivamente una nueva denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes registradas durante las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023.
La denuncia había sido formulada por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien acusaba a la mandataria por presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud debido a las decenas de fallecidos y cientos de heridos que dejaron las manifestaciones tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la acusación al considerar que anteriormente ya se habían archivado otras denuncias relacionadas con los mismos hechos y fundamentos jurídicos durante el mismo periodo legislativo.
La decisión también favorece a los exministros Pedro Angulo, Luis Otárola, César Cervantes, Víctor Rojas, Vicente Romero y Jorge Chávez Cresta, quienes integraron el Ejecutivo durante las protestas y eran incluidos en la acusación constitucional.
Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han señalado que durante las manifestaciones se registraron graves vulneraciones de derechos humanos, principalmente en las regiones de Puno, Ayacucho, Apurímac y Cusco, donde se concentró el mayor número de víctimas.
Diversos sectores cuestionaron el archivamiento al considerar que limita el acceso a la verdad, justicia y reparación para las familias afectadas por los hechos ocurridos durante la crisis política de 2022 y 2023.
