Especialistas en economías ilegales advirtieron que la minería ilegal en el Perú funciona gracias a una amplia red de financistas, autoridades, compradores y organizaciones criminales que permiten su expansión y permanencia.
La politóloga Zaraí Toledo Orozco señaló que el minero que extrae el mineral es el eslabón más débil de la cadena y que el verdadero problema se encuentra en quienes financian, protegen y obtienen las mayores ganancias de esta actividad ilícita.
Según explicó, detrás de estas operaciones existirían empresarios que aportan maquinaria, combustible, explosivos y recursos económicos, además de autoridades locales, regionales y nacionales que favorecerían la continuidad de estas actividades mediante protección política o normas que flexibilizan los controles.
El analista Iván Arenas sostuvo que algunos congresistas, gobiernos regionales y alcaldes tendrían vínculos con este sector y que incluso algunos serían poseedores de registros vinculados a la actividad minera informal.
La investigación también advierte sobre presuntos actos de corrupción dentro de instituciones de seguridad, señalando que algunos policías y militares habrían facilitado el transporte ilegal de minerales o alertado sobre operativos a cambio de pagos económicos.
Asimismo, se indicó que la cadena incluye plantas de beneficio, comercializadores y empresas que mezclarían mineral ilegal con producción formal, permitiendo su ingreso al mercado legal. Actualmente existen más de 300 plantas procesadoras de minerales en el país, muchas de ellas bajo cuestionamientos por la falta de fiscalización.
Los especialistas también alertaron que alrededor de la minería ilegal operan otras actividades criminales como trata de personas, extorsión, prostitución, sicariato y lavado de dinero.
