El Tribunal Constitucional (TC) estableció un precedente que impide que la Sunat continúe cobrando intereses moratorios cuando la demora en resolver un proceso tributario es responsabilidad del propio Estado.
El caso que originó esta decisión fue el de la empresa Maxco, que fue fiscalizada por el Impuesto a la Renta del año 2009 y recibió una multa tributaria. Tras apelar la sanción ante el Tribunal Fiscal en 2013, la resolución recién fue emitida en 2018, pese a que la ley establecía un plazo máximo de un año.
Durante todo ese tiempo, los intereses siguieron acumulándose automáticamente. La multa original ascendía a S/ 143.389, pero cuando la Sunat inició la cobranza coactiva en 2019, la deuda había aumentado a S/ 242.929, es decir, cerca del 69 % adicional por intereses.
Según la Asociación de Contribuyentes del Perú, el fallo del TC pone fin a una práctica que permitía al Estado beneficiarse económicamente de sus propios retrasos administrativos.
El precedente también establece que la Sunat solo podrá aplicar intereses una vez vencido el plazo legal si demuestra objetivamente que la demora fue causada por una actuación de mala fe del contribuyente.
La asociación advirtió que existen otros contribuyentes que podrían acogerse a este criterio, aunque muchos desconocen este derecho o no cuentan con los recursos necesarios para iniciar un proceso legal.
