La Asociación Internacional de Consumidores y Usuarios de Seguros (AINCUS) presentó un pedido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declare la nulidad de los votos emitidos en el extranjero durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. La organización sostiene que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) modificó los lineamientos operativos para el tratamiento del voto en el exterior durante el desarrollo del proceso electoral, lo que, a su juicio, constituiría un vicio que justificaría la anulación de esos sufragios.
En el documento, firmado por el presidente de AINCUS, Ubén Atoche Kong, se argumenta que la modificación de los lineamientos operativos habría alterado el desarrollo del balotaje y, por ello, solicita al JNE emitir una resolución que declare la nulidad de la votación en el extranjero. Asimismo, pide que el organismo electoral responda de manera motivada y fundamentada si corresponde o no acceder a la solicitud, con el objetivo de despejar las dudas que, según la asociación, existen entre un sector de la ciudadanía sobre la legitimidad de los resultados electorales.
La asociación también incorpora otros elementos que considera relevantes para sustentar su pedido, entre ellos la renuncia del entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, el cese de diplomáticos dispuesto por el Ejecutivo, una presunta pérdida de custodia del material electoral y la supuesta presencia de actores extranjeros durante el proceso. Sin embargo, el escrito no adjunta pruebas que acrediten que estos hechos hayan tenido un impacto directo en el resultado de la elección presidencial o que hayan alterado el proceso de votación en el exterior.
El pedido de AINCUS coincide con los argumentos previamente expuestos por Juntos por el Perú en los recursos que presentó para solicitar la nulidad de 647 mesas de sufragio instaladas fuera del país. No obstante, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ya resolvió dichas apelaciones y las declaró infundadas. Si bien los recursos fueron rechazados inicialmente por incumplimientos formales, el máximo órgano electoral decidió analizar el fondo de los argumentos y concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar irregularidades que justificaran la anulación de la votación.
Respecto a los cambios implementados por la ONPE, el JNE precisó que estos correspondieron únicamente a lineamientos operativos relacionados con el traslado del material electoral y no implicaron una modificación de las normas electorales vigentes. Además, destacó que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que todo el material utilizado en el proceso retornó al Perú mediante valija diplomática, descartando una vulneración de la cadena de custodia.
En sus resoluciones, el Jurado Nacional de Elecciones también señaló que aceptar la hipótesis planteada por Juntos por el Perú habría significado asumir la existencia de una supuesta coordinación irregular entre miles de miembros de mesa, funcionarios consulares, representantes de organismos electorales, observadores nacionales e internacionales, personal de la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sin que existieran pruebas directas o indirectas que respaldaran dicha afirmación. En ese sentido, el tribunal concluyó que los cuestionamientos carecían de sustento probatorio y ratificó la validez de los resultados emitidos por los organismos electorales.
