El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, volvió a cuestionar la transparencia de la segunda vuelta electoral y reafirmó su denuncia de un presunto fraude. Durante un pronunciamiento realizado ante sus simpatizantes en el Cercado de Lima, sostuvo que la reciente renuncia del secretario general de la ONPE y el incendio de un camión que trasladaba actas electorales fortalecen sus sospechas sobre supuestas irregularidades en el proceso que dio como virtual ganadora a Keiko Fujimori.
Sánchez afirmó que la renuncia del funcionario de la ONPE respondería a hechos graves relacionados con el acceso no autorizado a su información. «Acaba de renunciar el secretario general de ONPE, aludiendo acciones graves que han entrado en su computadora, que han manipulado su información», declaró. Asimismo, hizo referencia al incendio de un vehículo que transportaba actas electorales, señalando que el hecho le resulta sospechoso. «Acaba también de incendiarse un traslado, un camión, con actas que venían seguramente ya contabilizadas. Pero qué raro», manifestó durante su discurso, aunque no presentó pruebas que vinculen ambos hechos con una presunta alteración de los resultados electorales.
El líder de Juntos por el Perú también cuestionó las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), indicando que los recursos de nulidad e impugnación presentados por su organización fueron rechazados por aspectos formales. Según sostuvo, el organismo electoral declaró improcedentes varios pedidos por no haberse efectuado el pago de las tasas correspondientes, sin analizar el fondo de los argumentos. En ese contexto, reiteró que su agrupación exige una revisión completa de las actas y afirmó que la ciudadanía tiene derecho a conocer con transparencia el desarrollo del proceso electoral.
Durante su intervención, Sánchez aseguró además que él y dirigentes de su organización son víctimas de una presunta persecución política y judicial. Señaló que en los últimos días se han presentado nuevas denuncias en su contra y criticó lo que considera una presión sobre los líderes de su movimiento. También afirmó que simpatizantes provenientes de distintas regiones encontraron dificultades para ingresar a Lima debido a controles instalados en peajes y garitas, situación que, según dijo, afectó la participación en la movilización convocada por su agrupación.
El excandidato defendió la realización de la protesta pese a que el Ministerio del Interior no autorizó la movilización. Indicó que las manifestaciones forman parte del ejercicio de derechos constitucionales y sostuvo que continuarán exigiendo transparencia electoral por vías pacíficas. En tanto, el Ministerio del Interior justificó la negativa al permiso señalando que la concentración podía afectar el orden público y la seguridad ciudadana, criterio que fue comunicado oficialmente antes del desarrollo de la marcha.
