El exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, criticó la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que restablece al Poder Ejecutivo la facultad exclusiva para impulsar iniciativas que generen gasto público. A través de sus redes sociales, sostuvo que el cambio de criterio responde a intereses políticos y no a principios institucionales, al señalar que el fujimorismo busca concentrar el poder en la instancia del Estado que actualmente controla.
Francke recordó que, cuando Fuerza Popular tenía el control del Congreso, se respaldó que el Parlamento pudiera promover iniciativas con impacto presupuestal. Sin embargo, afirmó que ahora, con el fujimorismo próximo a asumir el Poder Ejecutivo, se impulsa que esa atribución vuelva a concentrarse en el Gobierno. En ese sentido, sostuvo que la decisión del Tribunal Constitucional responde a una lógica política y no a una interpretación uniforme de la Constitución.
“El poder se coloca donde está Keiko”, expresó el exministro, quien además consideró que en los próximos meses podrían incrementarse los decretos de urgencia y las delegaciones legislativas otorgadas al Ejecutivo. También afirmó que, si en el futuro Fuerza Popular pierde el Gobierno y mantiene influencia en el Congreso, el criterio del Tribunal Constitucional podría volver a modificarse. Según Francke, este cambio de posición genera cuestionamientos sobre la estabilidad de las reglas institucionales y la independencia de las decisiones del máximo intérprete de la Constitución.
Las declaraciones del exministro se produjeron luego de que el Tribunal Constitucional emitiera un fallo que deja sin efecto el criterio adoptado hace cuatro años respecto a la iniciativa de gasto del Congreso. A partir de esta decisión, los proyectos de ley presentados por los parlamentarios que impliquen un incremento del gasto público deberán contar con coordinación previa con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidad que evaluará su viabilidad presupuestal y emitirá un informe de sostenibilidad fiscal cuando sea requerido por las comisiones legislativas.
Sobre el tema también se pronunció el presidente del Consejo Fiscal, quien señaló que la decisión eleva las exigencias para la aprobación de iniciativas legislativas con impacto económico y facilitará que futuras normas puedan ser cuestionadas mediante acciones de inconstitucionalidad si comprometen el equilibrio de las finanzas públicas. Asimismo, recordó que toda propuesta que genere gasto deberá identificar de manera expresa la fuente de financiamiento correspondiente para garantizar la sostenibilidad del presupuesto del Estado.
