domingo, agosto 16, 2026
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KEIKO FUJIMORI PROPONE RASTRILLAJES DE LAS FF. AA. Y LA PNP EN ZONAS FRONTERIZAS COMO PARTE DE SU ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

La presidenta electa Keiko Fujimori anunció que una de las principales medidas de su próximo gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana será la realización de operativos de rastrillaje conjuntos entre las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) en las zonas fronterizas del país. La propuesta fue presentada durante una entrevista concedida a un medio colombiano, donde también adelantó que impulsará modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y acelerar los procesos judiciales contra los delincuentes.

Entre las acciones planteadas, Fujimori señaló que su gestión buscará fortalecer el intercambio de información de inteligencia entre los países de Sudamérica y ampliar la implementación de juzgados de flagrancia a nivel nacional. Según indicó, este modelo permitiría alcanzar una mayor rapidez en la administración de justicia, con índices de sentencias que oscilan entre el 85 % y el 90 %. Asimismo, reiteró su intención de que el Perú forme parte del denominado Escudo de las Américas, una iniciativa regional promovida por el gobierno de Estados Unidos para enfrentar delitos como el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y la migración irregular.

Las declaraciones se producen luego de que el Congreso aprobara en segunda votación un dictamen que establece que los presuntos delitos de función cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía sean investigados en sus respectivos fueros y no por la justicia ordinaria. La propuesta ha generado diversas reacciones entre especialistas. El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), advirtió que la norma podría ampliar el alcance de los denominados delitos de función. Por otro lado, el internacionalista Ramiro Escobar consideró que las estrategias de seguridad deberán adaptarse a la realidad peruana, señalando que experiencias como las de El Salvador o Ecuador no pueden aplicarse de manera idéntica debido a las diferencias en las organizaciones criminales que operan en cada país.

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