El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) exhortó al gobierno de Keiko Fujimori a convertir la lucha contra la minería ilegal en una de sus principales prioridades durante los primeros cien días de gestión. Según la organización, esta actividad ilícita mueve alrededor de 11 500 millones de dólares al año y representa una de las mayores amenazas para la seguridad, la gobernabilidad y el ambiente en el país.
Entre las principales recomendaciones figura el cierre definitivo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al considerar que este mecanismo ha sido utilizado para continuar con la extracción de oro sin cumplir las normas ambientales y legales. Además, plantea eliminar la exención de responsabilidad penal para quienes operan bajo este registro e incumplen la legislación vigente.
El OMI también propone fortalecer la persecución penal contra las organizaciones dedicadas a la minería ilegal, asignar mayor presupuesto a la Fiscalía para operativos de interdicción y reforzar los mecanismos anticorrupción dentro del Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, recomienda implementar el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal para mejorar la trazabilidad del oro.
Entre otras medidas, la organización plantea eliminar progresivamente el uso del mercurio hasta prohibirlo en 2030 y restringir mediante decreto supremo la actividad minera en los ríos amazónicos. El Observatorio sostiene que estas acciones son necesarias para frenar el crecimiento de las economías ilícitas y evitar mayores impactos ambientales y sociales.
