El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley para solicitar facultades legislativas por 120 días con el objetivo de emitir decretos en diversas materias, entre ellas una reforma laboral que plantea cambios en los beneficios sociales, la contratación y el régimen de despidos. La iniciativa busca modificar la legislación vigente para, según el Gobierno, promover la formalización y mejorar la productividad.
La propuesta contempla cambios en la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, vacaciones, participación en utilidades, jornada laboral y horas extras. Además, plantea permitir una mayor flexibilidad mediante acuerdos entre trabajadores y empleadores, tanto de forma individual como a través de la negociación colectiva.
El proyecto también propone perfeccionar el régimen de extinción de contratos por causas objetivas, modificar la protección frente al despido y reducir el número de feriados nacionales con el argumento de fomentar la productividad. Asimismo, busca regular bonos por desempeño sin carácter remunerativo e implementar un régimen laboral progresivo orientado a emprendedores y micro y pequeñas empresas.
En el ámbito económico, la iniciativa incluye una reforma tributaria, medidas para eliminar barreras burocráticas, simplificar trámites ambientales e impulsar la inversión privada. También plantea fortalecer las facultades fiscalizadoras de Indecopi y reorganizar organismos públicos mediante procesos de fusión, reestructuración o disolución.
Según la exposición de motivos, el Ejecutivo sustenta la reforma en los altos niveles de informalidad laboral, que alcanzan el 70,2 % de la población ocupada, y en los elevados costos laborales no salariales, señalando que estas condiciones dificultan la contratación formal y afectan el crecimiento económico del país.
