La Contraloría General de la República advirtió, mediante el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 029-2026-OCI/0424.AOP, que el Ministerio Público de La Libertad contrató en 2024 a la empresa MAXIM TELECOM S.A.C., pese a que esta se encontraba impedida de contratar con el Estado dentro de la provincia de Trujillo.
Según el informe, la Fiscalía contrató el 15 de marzo de 2024 el servicio de revisión técnica vehicular para su flota por un monto de S/ 4,200. En ese momento, Hermes Lizárraga Aguirre ejercía como gerente general de la empresa.
La Contraloría verificó que Lizárraga Aguirre era cónyuge de la regidora de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Yhajaira Zegarra Díaz, quien había declarado dicho vínculo en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses. Asimismo, la Sunarp confirmó que ocupó la gerencia de la empresa desde mayo de 2021 hasta junio de 2024.
El órgano de control concluyó que el Ministerio Público contrató a una empresa comprendida en un impedimento previsto por la normativa de contrataciones del Estado, debido a que la autoridad municipal ejercía funciones dentro del mismo ámbito territorial donde se realizó la contratación.
