La diputada Catherin Palomino Casavilca, de la bancada Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley para derogar siete normas aprobadas por el anterior Congreso, conocidas como “leyes procrimen”, al considerar que debilitaron las herramientas del Estado para investigar y sancionar el crimen organizado, la corrupción y la minería ilegal.
La iniciativa propone eliminar normas como la Ley 31751 y la Ley 32104, relacionadas con los plazos de prescripción de la acción penal; la Ley 31989, que restringió las facultades de la Policía frente a la minería ilegal; y la Ley 31990, que fijó límites a los procesos de colaboración eficaz. Según el proyecto, estas modificaciones dificultan investigaciones complejas y favorecen la impunidad.
También plantea derogar la Ley 32054, que exime de responsabilidad penal a los partidos políticos; la Ley 32108, que modificó los criterios para configurar una organización criminal y estableció nuevas condiciones para los allanamientos; y la Ley 32130, que trasladó parte de la conducción de las diligencias preliminares del Ministerio Público hacia la Policía Nacional.
El proyecto establece que, de aprobarse la derogatoria, volverán a estar vigentes las disposiciones originales del Código Penal, el Código Procesal Penal y otras normas relacionadas con la lucha contra el crimen organizado. Además, precisa que las investigaciones y procesos judiciales en curso se adecuarán al nuevo marco legal, manteniendo la validez de las actuaciones realizadas antes de la entrada en vigencia de la eventual ley.
