
Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú, identificados como Oscar Javier Ch. V. y Walter S. S., fueron condenados a cinco años y seis meses de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, tras una investigación relacionada con una intervención realizada en una barbería de Lambayeque. La sentencia fue obtenida mediante terminación anticipada por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.
Los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2025, cuando ambos policías ingresaron a la barbería “Elegance” e intervinieron al encargado del establecimiento, Manuel Namuche. Según la investigación fiscal, los agentes lo registraron y le quitaron el dinero que llevaba consigo. Posteriormente, aseguraron el local, interrumpieron el suministro eléctrico y desconectaron el sistema de videovigilancia antes de dirigirse hacia el baño del establecimiento.
En ese ambiente, los efectivos encontraron un paquete que, según manifestaron, contenía cocaína. Los agentes habrían utilizado el hallazgo para acusar al encargado de poseer droga y advertirle que podía enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión, además de perder su carrera y alejarse de su hija. En ese contexto, le exigieron S/5.000 a cambio de “solucionar el problema”.
Ante la exigencia, el agraviado logró comunicarse con su madre, quien consiguió parte del dinero solicitado. Posteriormente, entregó S/2.000 a los policías, quienes indicaron que regresarían para recoger el monto restante. Antes de retirarse del lugar, los agentes obligaron al encargado del negocio y a su madre a bajar del vehículo.
La investigación estuvo dirigida por el fiscal Julio César Pilco Goñas y permitió establecer los hechos que derivaron en la condena de ambos efectivos. Además de la pena de cinco años y seis meses de prisión efectiva, Oscar Javier Ch. V. y Walter S. S. recibieron cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y deberán pagar S/16.000 por concepto de reparación civil, correspondiente a S/8.000 por cada sentenciado.



