El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, afirmó que el Gobierno de Keiko Fujimori no evalúa ni tiene previsto conceder un indulto al expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración para la rebelión tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El titular del sector señaló que, en las actuales circunstancias, una gracia presidencial para el exmandatario es «imposible».
Álvarez explicó que, desde el punto de vista jurídico, el Estado peruano ya tiene una posición definida respecto a los pedidos de indulto presentados por Castillo. Según indicó, la Comisión de Gracias Presidenciales ya desestimó las solicitudes existentes, por lo que no existe actualmente una evaluación para otorgarle este beneficio.
El ministro también descartó que la reciente decisión del Gobierno de otorgar un salvoconducto a Betssy Chávez implique una posición similar respecto a Castillo. Señaló que ambas situaciones son diferentes y sostuvo que, políticamente, tampoco considera necesario conceder una gracia presidencial al exmandatario.
En ese sentido, Álvarez argumentó que Castillo no representa a toda la izquierda peruana y diferenció entre sectores que, según su apreciación, mantienen posiciones ideológicas distintas. Sostuvo que una parte de la izquierda está comprometida con los principios constitucionales, la lucha contra la corrupción y el rechazo a la impunidad.
El titular de Justicia también consideró contradictorio que un Gobierno que plantea una «nueva etapa para el Perú» pueda, al mismo tiempo, liberar mediante gracias presidenciales a personas condenadas. Por ello, insistió en que actualmente no existe una decisión ni una evaluación para indultar al exmandatario.
No obstante, Álvarez mencionó un escenario excepcional en el que podría evaluarse un indulto en el futuro. Señaló que, si Castillo llegara a padecer una enfermedad grave, podrían generarse las condiciones para analizar una eventual gracia presidencial, aunque aclaró que esa decisión correspondería al próximo gobierno.
El ministro incluso planteó que, después de varios años, un futuro gobierno podría evaluar políticamente la situación de Castillo y determinar si corresponde mantenerlo durante todo el tiempo de su condena. Sin embargo, remarcó que se trataría de una decisión política subjetiva que no forma parte de las acciones previstas por la actual administración.
Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate. El exmandatario cumple la condena dictada por el delito de conspiración para la rebelión a raíz de los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022.
Además, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima tiene programada para el 12 de agosto una audiencia pública en la que se evaluará un pedido presentado por Castillo para anular su condena y recuperar su libertad. El recurso fue presentado por su abogado, Walter Ayala, mediante un hábeas corpus en el que se alega una presunta vulneración del derecho a la defensa.
La defensa de Castillo también utiliza como argumento un informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, que calificó su detención como arbitraria y planteó su liberación, además de una eventual indemnización. El proceso judicial continuará por la vía correspondiente, independientemente de la posición expresada por el Ministerio de Justicia sobre un eventual indulto.
