La presidenta de la República, Keiko Fujimori, respondió al pronunciamiento de los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia, quienes exigieron respeto a la independencia judicial tras la denuncia presentada por el senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, contra tres jueces del caso Castro Castro.
Consultada por la posición del Poder Judicial, la mandataria señaló: “Cada senador es responsable de su opinión”, con lo que evitó respaldar directamente la denuncia presentada por su copartidario, aunque tampoco pidió que fuera retirada.
La denuncia de Rospigliosi fue presentada ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra los magistrados Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama, integrantes de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria. Los jueces condenaron a cuatro policías a 15 años de prisión por la denominada Masacre de Castro Castro, ocurrida en 1992.
El senador cuestionó que los magistrados inaplicaran la Ley 32107, relacionada con la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, y la Ley 32419, que establece una amnistía para policías y militares procesados por hechos vinculados a la lucha antisubversiva. Rospigliosi considera que esta decisión constituye una infracción grave y solicitó medidas contra los jueces.
Ante ello, las Cortes Superiores de Justicia emitieron un pronunciamiento conjunto en el que pidieron a los actores políticos respetar la independencia de los magistrados. El documento señaló que las discrepancias con las resoluciones judiciales deben ser canalizadas mediante los mecanismos de apelación correspondientes y no mediante denuncias disciplinarias destinadas a cuestionar a los jueces por el contenido de sus decisiones.
El pronunciamiento fue suscrito por los titulares de diversas Cortes Superiores, entre ellas las de Piura, Lima Norte, Arequipa, Junín, Cusco, Callao, La Libertad, Lambayeque y Huánuco. Las autoridades judiciales también advirtieron sobre posibles actos de “amedrentamiento” e “instrumentalización” de las instituciones públicas contra los magistrados.
KEIKO FUJIMORI EVITA RESPALDAR A ROSPIGLIOSI
La presidenta no desautorizó públicamente a Fernando Rospigliosi ni solicitó el retiro de su denuncia. Su respuesta dejó la responsabilidad sobre las acciones del senador y el posterior análisis que corresponde realizar a la Junta Nacional de Justicia.
La posición de Fujimori ocurre pocos días después de que ella misma expresara su compromiso con la independencia del Poder Judicial. Durante la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza, realizada el 4 de agosto, la mandataria aseguró que su Gobierno tendría “absoluto respeto” por la separación de poderes y la autonomía de la magistratura.
En ese contexto, la denuncia presentada por uno de los integrantes de su bancada generó cuestionamientos debido a que está relacionada con una decisión judicial que afecta directamente la aplicación de normas impulsadas desde el Congreso.
Rospigliosi también ha presentado anteriormente otras denuncias contra magistrados. En julio denunció a la fiscal Rosario Quico Palomino, mientras que en marzo, junto con Jorge Montoya, denunció al juez Jorge Chávez Tamariz. Asimismo, en agosto de 2025 presentó una denuncia contra el juez Richard Concepción Carhuancho, quien posteriormente fue suspendido por seis meses por la JNJ.
PODER JUDICIAL ADVIERTE SOBRE PRESIONES POLÍTICAS
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ya había advertido sobre los riesgos de utilizar mecanismos disciplinarios contra jueces por discrepancias con sus decisiones.
Durante la ceremonia por el Día del Juez, Tello sostuvo que destituir a un magistrado únicamente porque una autoridad no está de acuerdo con su criterio implicaría afectar la independencia judicial y calificó como arbitrario un escenario de ese tipo.
La titular del Poder Judicial también cuestionó los ataques provenientes de actores políticos que discrepan con determinadas resoluciones judiciales, especialmente cuando estos tienen algún interés directo en los procesos que cuestionan.
Tello rechazó además las acusaciones de que el Poder Judicial persiga políticamente a policías o militares. Señaló que investigar hechos que podrían ser contrarios a la ley no constituye una persecución, sino parte de las funciones de la administración de justicia.
El enfrentamiento entre las posiciones del Poder Judicial y algunos sectores políticos ocurre mientras la Junta Nacional de Justicia deberá evaluar la denuncia presentada contra los tres jueces del caso Castro Castro. La respuesta de Keiko Fujimori mantiene abierta la discusión sobre los límites entre la crítica política a las decisiones judiciales y el respeto a la independencia de los magistrados.
