La disputa entre Cosco Shipping Ports Chancay Perú y el Estado peruano por las facultades de supervisión de Ositrán llegará al Tribunal Constitucional, luego de que fuera admitido el recurso presentado por la empresa operadora del megapuerto.
El exministro de Relaciones Exteriores Miguel Ángel Rodríguez Mackay cuestionó la posición asumida por la compañía china y sostuvo que una confrontación con las autoridades peruanas podría afectar la relación bilateral entre ambos países.
Rodríguez Mackay consideró que el carácter privado del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay no elimina las atribuciones de los organismos del Estado cuando se trata de una infraestructura que presta un servicio de uso público.
La controversia se originó después de que la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declarara improcedente el amparo presentado por Cosco contra Ositrán. La empresa posteriormente interpuso un recurso de agravio constitucional, cuya admisión permitirá que el Tribunal Constitucional revise el caso.
Cosco sostiene que las condiciones bajo las cuales se desarrolló el proyecto no permiten equiparar el terminal con una infraestructura entregada en concesión y advierte que una aplicación amplia de las facultades regulatorias podría afectar principios vinculados con la libertad de empresa, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad.
Ositrán, por su parte, sostiene que sus competencias no dependen de quién sea propietario de la infraestructura, sino del servicio que esta presta. Bajo ese criterio, el terminal constituye infraestructura de transporte de uso público y corresponde al organismo ejercer funciones de supervisión, regulación y fiscalización.
El exministro también puso énfasis en la soberanía peruana y señaló que las empresas extranjeras deben respetar las normas del país donde desarrollan sus actividades. Consideró que cualquier disposición que pudiera limitar el cumplimiento de las decisiones de las autoridades peruanas representaría un retroceso en el respeto de la soberanía de los Estados.
La decisión del Tribunal Constitucional todavía no resolverá necesariamente el fondo de todas las controversias existentes, pero podría establecer un criterio sobre los límites de la regulación estatal frente a proyectos privados de infraestructura. Mientras el proceso continúa, Ositrán mantiene vigentes sus facultades sobre el terminal de Chancay.
