El Supremo Tribunal Federal de Brasil, a través del ministro Dias Toffoli, declaró inutilizables bajo la legislación brasileña determinadas pruebas obtenidas de los sistemas Drousys y My Web Day B de Odebrecht y relacionadas con el caso del expresidente Alejandro Toledo.
La decisión, conocida el 27 de agosto, extiende a Toledo un criterio aplicado anteriormente a otros investigados vinculados al caso Lava Jato. La medida alcanza información procedente del acuerdo de lenidad de Odebrecht y registros de los sistemas utilizados por la constructora para documentar pagos ilícitos.
Sin embargo, la resolución brasileña no anula automáticamente la condena impuesta a Toledo en Perú. El exmandatario fue sentenciado en octubre de 2024 a 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, pero el fallo aún se encuentra en revisión en segunda instancia.
La defensa podría utilizar la decisión de Toffoli para cuestionar determinados medios probatorios, aunque corresponderá a los jueces peruanos determinar qué efecto tiene el pronunciamiento sobre las pruebas que ya fueron incorporadas al proceso. La sentencia se sustentó en 175 audiencias, más de 100 testimonios y más de mil pruebas documentales.
El debate también tiene antecedentes en Perú. Decisiones judiciales previas han señalado que problemas relacionados con la cadena de custodia no generan automáticamente la exclusión de una prueba. Además, en un caso vinculado a Gonzalo Monteverde, un pedido para retirar pruebas basado en resoluciones de Toffoli fue rechazado.
Por ahora, Alejandro Toledo continúa recluido en el Penal de Barbadillo mientras su condena por el caso Interoceánica Sur es revisada. La resolución del Supremo brasileño representa un nuevo argumento para su defensa, pero será la justicia peruana la que determine si los elementos cuestionados mantienen valor dentro del proceso.
