La presidenta Keiko Fujimori solicitó al Congreso de la República acelerar el análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo para enfrentar a la criminalidad organizada. La mandataria sostuvo que esta delegación permitirá fortalecer los servicios de inteligencia, coordinar las acciones de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional y reforzar el control de los establecimientos penitenciarios.
“Invocamos al Congreso de la República a que ellos puedan analizar este pedido de facultades de una manera rápida”, declaró Fujimori durante una entrevista con TV Perú. El pedido se presenta en un contexto de creciente preocupación por el avance de las organizaciones criminales, luego de los recientes reportes sobre la presunta reaparición de Los Pulpos y La Jauría.
El Ejecutivo presentó formalmente la solicitud ante el Congreso el viernes anterior, planteando un plazo de 120 días para ejercer las facultades. El Proyecto de Ley N.° 00098-2026-2031-CD contiene 66 pedidos específicos, agrupados principalmente en tres ejes: seguridad ciudadana, reactivación económica y atención de emergencias relacionadas con el fenómeno El Niño.
La iniciativa tuvo inicialmente una observación administrativa debido a la falta de un documento formal que acreditara la aprobación del pedido por parte del Consejo de Ministros. Para subsanar esta situación, el Ejecutivo envió el 31 de agosto una copia certificada del acta correspondiente. Después de la corrección, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente para acelerar el debate.
MEDIDAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Entre los principales planteamientos del paquete de seguridad figura establecer un marco legal que permita catalogar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas, con disposiciones específicas para su clasificación y registro.
El premier Luis Galarreta explicó que esta medida busca brindar a las Fuerzas Armadas un mayor respaldo jurídico para actuar junto con la Policía Nacional contra el avance de la delincuencia. También señaló que esta nueva calificación podría facilitar la cooperación internacional contra estructuras criminales transnacionales como el Tren de Aragua.
El paquete contempla además que las Fuerzas Armadas puedan realizar labores de control en zonas fronterizas y vigilancia perimetral en los exteriores de los establecimientos penitenciarios del país.
Otra de las propuestas busca unificar las labores de inteligencia entre las diferentes entidades del Estado e incorporar herramientas tecnológicas, entre ellas drones y sistemas de cámaras, en las comisarías. Fujimori cuestionó la actual capacidad operativa de inteligencia y señaló que este servicio “desde hace unos años no tienen capacidad operativa”.
EXPULSIÓN DE MIGRANTES INDOCUMENTADOS
La solicitud de facultades también incluye una política destinada a acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados del territorio peruano. La presidenta confirmó que esta medida forma parte del paquete de seguridad presentado por el Ejecutivo, aunque no detalló el mecanismo que se utilizaría ni estableció un plazo para su eventual aplicación.
Fujimori explicó que el Congreso recibió la solicitud un día antes de su visita a la región San Martín, donde volvió a pedir al Legislativo que evalúe la propuesta “de una manera rápida”.
El pedido se encuentra relacionado con la campaña “Vuelve el orden”, con la que la mandataria llegó a la Presidencia. El Gobierno sustenta la urgencia de sus medidas en un escenario en el que el país registró 2.213 homicidios en 2025, además de miles de denuncias por extorsión y sicariato.
Sin embargo, la propuesta también ha generado cuestionamientos. Algunos especialistas en seguridad consideran que el paquete prioriza el fortalecimiento militar por encima del policial y advierten que medidas similares, entre ellas modificaciones al sistema penitenciario y normas relacionadas con la extorsión, ya fueron modificadas durante los últimos años.
La discusión se desarrolla a poco más de un mes del inicio del mandato de Fujimori al frente del Poder Ejecutivo.
