La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib S.A.) fue observada por la Contraloría General de la República (CGR) por la contratación del servicio de alquiler de equipos informáticos y soporte técnico in house por S/ 4,4 millones, debido a que el procedimiento se realizó bajo la causal de desabastecimiento inminente, pese a que no se habría sustentado la existencia de dicha situación.
Según el órgano de control, el servicio fue contratado mediante un procedimiento de selección no competitivo. La causal utilizada exige la existencia de una circunstancia extraordinaria e imprevisible y la determinación del tiempo necesario para superarla; sin embargo, estos elementos no fueron sustentados en la contratación cuestionada.
El caso fue detallado en el Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 009-2026-2-0264-AOP, donde la Contraloría concluyó que el desabastecimiento no se habría originado por un hecho extraordinario e imprevisible, sino por la “deficiente gestión de contratación de los funcionarios y servidores involucrados”.
El órgano de control señaló además que informes técnicos y legales elaborados por la propia Sedalib establecían que no correspondía utilizar la causal de desabastecimiento, debido a que se trataba de una contratación consecutiva y recurrente que incluso habría excedido el tiempo necesario para atender una eventual situación de emergencia.
El contrato actualmente vigente tiene una duración de 1 año y un monto de S/ 4,4 millones. Este fue suscrito 76 días después de que culminara el contrato anterior, que también tenía un plazo de 1 año, pero cuyo valor ascendía a S/ 2,4 millones.
La Contraloría también advirtió que la contratación permitió que una empresa continuara siendo contratada de manera directa y recurrente para este servicio desde 2019, en el marco de procedimientos cuya justificación fue cuestionada por el órgano de control.
A raíz de la presunta sobrevaloración advertida en el caso, la Fiscalía dispuso el año pasado el inicio de una investigación preliminar por un plazo de 120 días. Las conclusiones del informe de la Contraloría fueron comunicadas al presidente del directorio de Sedalib, Frank Sánchez Romero, quien no respondió las llamadas ni mensajes realizados por este Diario para conocer su versión.
