Los pequeños mineros y mineros artesanales enfrentan dificultades para bancarizar el dinero obtenido de su actividad debido a que no pueden demostrar con facilidad el origen legal del oro que producen. Dante Vera, especialista de V&C Analistas, señaló que esta situación ha generado una percepción que coloca en el mismo grupo a la minería ilegal y a la pequeña minería y minería artesanal (MAPE) que busca formalizarse.
El especialista sostuvo que una de las principales alternativas para resolver este problema es implementar un sistema nacional de trazabilidad que permita seguir el recorrido del oro desde su extracción hasta su llegada al mercado internacional. La propuesta contempla incluir a todos los actores de la cadena, desde los mineros y acopiadores hasta comerciantes, transportistas, plantas de procesamiento y empresas exportadoras.
Según Vera, contar con información sobre dónde se produjo el mineral, quién lo compró, quién lo transportó, quién lo procesó y quién finalmente lo exportó permitiría ofrecer mayores garantías al sistema financiero. Los bancos necesitan verificar que el dinero y el mineral que manejan tengan un origen lícito antes de asumir operaciones relacionadas con esta actividad.
El especialista también recordó que existe una diferencia entre el oro registrado como producción y el que figura en los registros de exportación. De acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas citadas por Vera, en 2025 se registraron unas 109 toneladas de producción, mientras que Aduanas contabilizó exportaciones por 209 toneladas. La diferencia, según su estimación, representó alrededor de US$ 11 mil millones.
Vera planteó además tres medidas para enfrentar esta situación: implementar la trazabilidad digital del oro, bancarizar las operaciones de toda la cadena minera y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la pequeña minería y minería artesanal. Entre las medidas propuestas también figura el uso de laboratorios para determinar el peso, la ley y la humedad del material extraído, así como garantizar derechos laborales, seguridad en el trabajo y acceso al seguro social.
