La minería ilegal e informal continúa expandiéndose en el Perú y alcanza nuevos territorios en el sur, norte y la Amazonía. A las zonas tradicionalmente afectadas de Madre de Dios, Puno, La Libertad y Arequipa se suman focos en Cusco, Apurímac, Cajamarca, Piura, Loreto, Huánuco y Amazonas, donde se registran actividades de extracción, procesamiento, transporte y comercialización de minerales.
El analista Iván Arenas advirtió que el país enfrenta una expansión geográfica de estas actividades y la consolidación de nuevos corredores. Según explicó, la extracción de recursos como oro, cobre, zinc, plata, estaño y carbón contribuye a este avance. “La minería ilegal no solo ha ampliado la frontera geográfica y no solo se ha consolidado en corredores ilegales, sino que nuevos minerales se han sumado a la informalidad e ilegalidad”, sostuvo.
En el sur, las autoridades detectaron explotación ilegal en las provincias cusqueñas de Paucartambo, en el cauce del río Pumachaca; Camanti, en Quispicanchi; y Colquemarca, en Chumbivilcas. En Apurímac, las actividades se concentran particularmente en Aymaraes, donde se reportan operaciones a tajo abierto sin autorización ni plan de manejo ambiental. Entre enero de 2024 y mayo de 2026, los registros policiales contabilizaron 21 casos vinculados a presunta minería ilegal en esa provincia.
En el norte, el desplazamiento de mineros desde Pataz, en La Libertad, hacia Cajamarca ha convertido a esta última región en otro foco de preocupación. Las zonas críticas incluyen Cajabamba, Hualgayoc y San Ignacio, donde durante 2025 se realizaron más de 200 intervenciones contra la minería ilegal. En Piura, la Fiscalía intervino actividades ilegales en Ayabaca, especialmente en el distrito de Suyo. En marzo pasado destruyó ocho molinos, seis motores diésel, tres motobombas y pozas utilizadas para procesar material aurífero. Un informe presentado ante el Congreso señala que la actividad se concentra también en Tambogrande, Las Lomas, Sapillica, Paimas, Jililí y Lancones.
La expansión también alcanza la Amazonía. En Loreto, la extracción de oro mediante dragas registra un crecimiento acelerado. Un reporte de MAAP identificó 1.518 registros históricos de dragas entre 2017 y 2026, de los cuales 704 corresponden a 2025 y 2026, equivalentes al 46% del total registrado en nueve años. La actividad alcanza 13 ríos amazónicos de la región, entre ellos el Nanay, Marañón, Tigre, Mazán, Napo y Putumayo. En Huánuco se reportaron actividades ilegales en Puerto Inca, en una comunidad nativa del sector Samiri-Paucarcito y en el río Pachitea. Amazonas también presenta señales de expansión.
Arenas atribuyó el avance en Cusco y Apurímac a factores geológicos y al atractivo económico de la minería. Explicó que Cusco se encuentra dentro de la formación Ferrobamba y Apurímac forma parte del cinturón del cobre. También describió el fenómeno como “un boom social por la minería, una fiebre por hacerse rico”, en un contexto que calificó como “un Estado desorganizado”.
El analista advirtió que los corredores funcionan como cadenas productivas organizadas, en las que cada participante cumple una función. Como ejemplo, mencionó a la organización criminal conocida como “Gran FA”, en Otuzco, que, según indicó, tenía entre sus integrantes a policías y jueces. “Las plantas de procesamiento financian los emprendimientos. Tienes a las empresas o estudios tributarios que ayudan a ‘lavar’ los activos. A eso súmale los fiscales, jueces y policías”, afirmó.
Finalmente, Arenas alertó que estas redes pondrían en riesgo proyectos de minería formal como los de Pataz, Fuerabamba y Tapairihua. Aunque señaló que las cadenas ilegales presentan diferencias entre regiones, identificó un elemento común: la relación entre productores y compradores, así como la corrupción. “Siempre hay un productor y hay un comprador; los modelos al final tienen diferencias entre actores o financiadores. En tanto, la corrupción es un hilo homogéneo”, concluyó.
