El postulante al Gobierno Regional de La Libertad por Somos Perú, Aldo Carlos Mariños, presentó una denuncia ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República contra la gobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel, y la gerenta de Transportes, Mirella Urrelo, por el presunto desmantelamiento y sustracción de componentes de una planta chancadora y otra de asfalto, cuyo valor estimó en aproximadamente S/ 5 millones.
Mariños realizó sus declaraciones desde el sector Caballo Muerto, en el distrito de Laredo, lugar donde, según indicó, debería encontrarse el equipamiento. Desde allí cuestionó la situación de ambas plantas y señaló que existirían posibles irregularidades durante la gestión regional.
“Hace un tiempo, acá existía una planta de asfalto, que mis cálculos me permiten pensar que debe costar cerca de 5 millones de soles”, manifestó el postulante, quien también criticó la administración del Gobierno Regional.
SOLICITA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LA CONTRALORÍA
En el documento presentado ante el Ministerio Público, Mariños solicitó que se investiguen los hechos por la presunta comisión del delito de peculado y que se determine la posible participación de otras personas que pudieran resultar responsables.
Asimismo, dirigió una solicitud a la Contraloría General de la República para que evalúe y disponga las acciones de control correspondientes ante posibles irregularidades en la administración, custodia, conservación, vigilancia y disposición de bienes vinculados con la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones.
El postulante también pidió que, si durante las investigaciones se identifican indicios de responsabilidad penal o civil, se adopten las medidas y comunicaciones pertinentes ante las autoridades competentes.
GERENTA DE TRANSPORTES RECHAZA LAS ACUSACIONES
Por su parte, la gerenta regional de Transportes, Mirella Urrelo, rechazó las afirmaciones de Mariños y aseguró que su despacho denunció ante la Policía, en marzo último, la sustracción de algunas piezas, las cuales, según indicó, lograron ser recuperadas.
Urrelo explicó que ambas plantas fueron transferidas por el Ministerio de Transportes al Gobierno Regional de La Libertad en 2014. Según su versión, la planta de asfalto ya se encontraba inoperativa cuando fue entregada, mientras que la chancadora dejó de funcionar tras sufrir daños durante el fenómeno El Niño de 2017.
“Es falso que el gobierno regional haya adquirido esas máquinas y que se hayan perdido 5, 4 o 3 millones, como aduce el candidato denunciante”, sostuvo la funcionaria.
Las acusaciones y la respuesta de la gerenta forman parte de versiones contrapuestas sobre la situación de ambas plantas. La determinación de posibles responsabilidades dependerá de las investigaciones y de las actuaciones de las autoridades competentes.
